La reciente condena proferida por la Juez 9a Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla, Aura Alexandra Rosero Baquero, contra Adonis Antonio Brugés Herrera, uno de los cerebros de la gran estafa de Global Brokers y Asociados S.A., demuestra la manera como diferentes entidades del Estado toman decisiones totalmente contradictorias frente a un mismo tema.

Por un lado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dirigida en ese entonces por Pablo Felipe Robledo, no solo se abstuvo de investigar los graves y contundentes hechos denunciados sino que, adicionalmente, engavetó los procesos.

De manera opuesta, la Justicia, con un indiscutible acervo probatorio de la Fiscalía General de la Nación que fue aceptado por el ahora condenado, además de tipificar los delitos de estafa agravada en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con el punible de concierto para delinquir en circunstancias de mayor punibilidad, profirió la sentencia consistente en 143 meses de prisión  y una multa equivalente a 596 millones 243 mil 520 pesos, 

En este caso quedó demostrada la conducta omisiva e indolente por parte de la SIC frente a los graves hechos que afectaron a centenares de familias, a las cuales los directivos de Global Brokers Asociados S.A. les frustraron sus sueños de contar con techo propio.

De manera contraria, la Fiscalía General de la Nación asumió su rol de manera certera, verificó los hechos, imputó los cargos y solicitó la condena correspondiente, la que fue acogida por la Juez Aura Alexandra Rosero Baquero.

Lo indignante de esta situación es que al momento de engavetar la investigación a su cargo, la SuperSIC aseguró que Global Brokers no le incumplió a los afectados y hasta señaló que la citada sociedad le devolvió los dineros, lo cual resultó falso.

Fue entonces cuando resolvió dar por terminadas las averiguaciones y abstenerse de adelantar investigación administrativa en contra de Global Brokers Asociados S.A., frente a las quejas presentadas por las víctimas de dicha sociedad.

En ese entonces, María Carolina Corcione Morales, Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC, concluyó: “No encuentra este despacho acreditado el incumplimiento” de Global Brokers.

Además, aseguró que, de la información aportada por Global Brokers, “se infiere que a los consumidores se les suministra una información clara, veraz, suficiente y oportuna en relación con el cambio de garantía en caso de incumplimiento contractual. Además, la sociedad anexa copia de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) recibidas con motivo al incumplimiento de los servicios a través de las cuales se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la cláusula de “cambio de garantía” y a la devolución de dineros en los casos en que no se aplicó la misma”.

Por ello, para los estafados se trató de una ligera decisión de la Superintendencia, ya que no tuvo en cuenta los argumentos planteados y que llevaron tras las rejas a varios de los socios de Global.

En cambio, en su investigación la Fiscalía sí encontró y comprobó lo que no quiso hallar ni verificar la SuperSIC.

En efecto, de acuerdo con la Fiscalía, en desarrollo del proceso se estableció que las víctimas suscribieron contratos de mandato con las empresas Global Brokers, Grupo Constructores Aliados y Grupo Empresarial Aliados, para adquirir inmuebles que presuntamente se encontraban en procesos de remate.

Para el ente acusador, las compañías en mención, mediante engaños, indicaban que se trataba de bienes a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en muchos casos, con lo cual se dedicaron a captar dineros de sus clientes, “a quienes a pesar de cancelar el valor de la compra del inmueble, para que las empresas mencionadas hicieran las respectiva gestión de adquisición de derechos litigiosos y traspaso de la propiedad, nunca se los entregaron”.

Fue así como se apropiaron de los dineros y sobre un mismo inmueble firmaban varios contratos, así como pactaban los mismos por inmuebles que no se encontraban en litigio.

Las labores investigativas permitieron establecer que si bien la organización delictiva tenía su sede en Barranquilla, también delinquió en ciudades como Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Santa Marta (Magdalena), Cali (Valle del Cauca) y Bucaramanga (Santander), precisó la Fiscalía en su momento.

La grave situación fue puesta en conocimiento a través de una investigación realizada por Zonacero.com en la que se describió el modus operandi de la organización y los casos concretos en los cuales muchos inmuebles fueron negociados 2, 3, 4 y hasta 5 veces, configurando una clara estafa para quienes creían que eran los únicos beneficiarios de los mismos.

Ahora se espera que se produzcan nuevas sentencias y que también los hechos conduzcan a la devolución de los dineros de las centenares de personas estafadas, quienes confían en que por lo menos avancen las condenas contra todos los implicados.